El perito judicial o perito forense es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Existen dos tipos de peritos, los nombrados judicialmente y los propuestos por una o ambas partes (y luego aceptados por el juez), ambos ejercen la misma influencia en el juicio.
Los peritos judiciales deben estar incorporados en las nóminas de peritos de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones a lo largo del país. Los antecedentes deberán ser renovados en cada bienio.
El peritaje es de vital importancia en muchos procedimientos judiciales. Es una labor delicada que exige el máximo rigor al objeto de que prime la verdad entre las partes en conflicto.
El interventor es la persona designada por el juez con el objeto de controlar la administración que el demandado hace de sus bienes materia del juicio y que se encuentran en su poder.
El “experto facilitador”, tiene por misión ayudar a los deudores a alcanzar acuerdos con sus acreedores, a través de la proposición de un convenio, de proporcionarles información y promover la recuperación de las empresas que sean viables, es decir, capaces de generar un flujo de caja positivo para amortizar paulatinamente las deudas.
Las actuaciones del experto facilitador quedan sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y reemprendimiento, antes Superintendencia de Quiebras.
Para obtener la asesoría de un experto facilitador, el deudor debe recurrir al juez para que cite a una junta de acreedores, a fin de que ésta misma lo designe.
El experto facilitador debe, dentro del plazo de 30 días, improrrogable, contado desde la celebración de la junta que lo designa, evaluar la situación legal, contable, económica y financiera del deudor y proponer a sus acreedores un convenio que sea más ventajoso que la quiebra de aquél, o, en caso que ello no sea posible, solicitar al tribunal que declare la quiebra del deudor, quien debe hacerlo sin más trámite. Si el experto facilitador no cumple con su función dentro del plazo señalado, el juez debe dictar de oficio, es decir, sin requerimiento de las partes, la sentencia de quiebra del deudor.
Las actuaciones del experto facilitador quedan sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Quiebras.
Esta disciplina, que busca -vía caminos legales- aminorar la carga tributaria, es una herramienta muy poderosa que puede marcar la diferencia entre tener éxito en los negocios o no tenerlo. Una idea de negocios la pueden tener todos. Llevarla a la práctica es otra cosa. Elegir la mejor estructura organizacional que sustentará el negocio ya requiere planificación; transitar por los caminos que la normativa legal tributaria chilena provee, aprovechando todos los beneficios y franquicias de orden tributario que contempla la ley, es aplicar lisa y llanamente estrategias tributarias, para lo cual necesita asesorarse por expertos.
Sin embargo, se debe tener presente, que la Reforma Tributaria expresada en la Ley 20.780 del 29.09.2014, establece sanciones a "la persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, 4° quinquies y 160 bis de este Código, será sancionado con multa de hasta el 100% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar dichas conductas indebidas, y que se determinen al contribuyente. Con todo, dicha multa no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales."
La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado. Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para designar a la auditoría externa de estados financieros, pero el área de auditoría no solo es en cuanto a los estados financieros sino también abarca todas las áreas de la empresa, ventas, gerencia, administración, entre otras áreas.
Son estándares contables de aplicación mundial orientados a uniformar las prácticas contables entre los distintos países. Estas normas establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados financieros.
Las normas IFRS surgieron de las dificultades de comparar los informes financieros entre un país y otro, dado que cada uno tenía sus propias normas contables. Bajo este esquema, se hace complejo tomar decisiones de negocio en distintos países al no contar con información homogénea.
La introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) al mercado nacional -a partir del 1 de enero de 2009- no es sólo la mayor revolución que se ha conocido en el mundo de la contabilidad, sino un desafío que afecta a todas las áreas y procesos de las empresas.
A partir del año 2013 todas las empresas en Chile deben emitir sus estados financieros bajo IFRS. Por todos es sabido que desde el año 2009 las grandes compañías, llámense principalmente sociedades anónimas abiertas, están emitiendo sus estados financieros bajo estos estándares, también conocidos como IFRS generales, pero a contar del año 2013 entra en vigencia las IFRS para PYMES.
Una de las primeras decisiones a adoptar para la constitución de una nueva empresa, una vez estudiado el Plan de Empresa y la obtención de recursos, es la elección de la Forma Jurídica de Constitución que va adoptar la Empresa. Las formas jurídicas más comunes son:
- Persona Natural
- Empresario Individual Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)
- Sociedad de Responsabilidad Limitada
- Sociedad Anónima Cerrada
- Sociedad por Acciones